Vivimos en tiempos donde el concepto de “justicia” suele tomarse a la ligera, como si fuera un juego de mesa o un concepto ambiguo que cualquiera nombra y cree comprender. En épocas de crisis, la población busca soluciones instantáneas ante problemas estructurales. Así, el camino más fácil —y a la vez el más costoso— se convierte en la represión y el castigo como sustitutos de la verdadera ley.

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En este contexto, hoy somos testigos de cómo cada vez más políticos tergiversan el concepto de justicia. Lo idealizan como si fuera un mecanismo de “selección natural” para imponer orden mediante el revanchismo y la violencia, sin importar consecuencias ni vidas perdidas en el camino.

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Esta dinámica se refleja también en nuestra vida cotidiana. En cenas familiares, reuniones de trabajo o en la universidad, escuchamos frases que glorifican estas narrativas: “Plomo es lo que hay”, “necesitamos un Bukele”, “falta mano dura”. De esta manera, el miedo, la frustración y la desesperanza nos han llevado a celebrar soluciones rápidas y autoritarias, olvidando el principio esencial de una justicia verdadera: la imparcialidad.

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Todo esto surge de un sentimiento conocido, pero pocas veces reconocido: el miedo. Miedo a la inseguridad, a la violencia, a perder lo que amamos. Y aunque es racional, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que ciertos sectores de la sociedad se aprovechen y vendan lo más preciado por todos: la seguridad.

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Como señaló Nicolás Maquiavelo: “quien controla el miedo de la gente, se convierte en el amo de sus almas”. Hoy, el descontento con los gobiernos, la inseguridad, la incertidumbre económica y la desinformación crean el terreno perfecto para que discursos autoritarios sean abrazados por sociedades vulnerables y manipulables, como la nuestra.

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Ejemplos de esto encontramos en la historia reciente de Latinoamérica: Chile con Pinochet, Argentina con Videla, Brasil durante su dictadura militar (1964–1985), Venezuela con Chávez y, más recientemente, El Salvador con Bukele. Estos casos muestran cómo nuestras sociedades parecen incapaces de desprenderse de la idea de necesitar una “mano fuerte” para mantener la normalidad, sin importar cuán abusiva pueda ser.

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Este fantasma persiste no solo en la política, sino también en la educación, en los imaginarios colectivos y en la familia. En el pasado se mató en nombre de Dios; hoy se mata en nombre de la ley y el orden. Poco importa si se repiten los mismos patrones de aquellos contra quienes luchamos. Si perseguir, matar o restringir derechos se justifica como “un mal necesario”, ¿realmente nos hace mejores?

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La realidad es que muchos piensan: “apoyo la guerra mientras no toque a mis hijos, mi dinero o mi propiedad”. Poco importa si se castigan inocentes o se viola el debido proceso; mientras no nos afecte personalmente, “todo está bien”. Esta mentalidad convierte a muchos compatriotas, por ignorancia o comodidad, en cómplices del conflicto armado.

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Al final, cabe preguntarse: ¿podemos poner las palabras castigo y justicia en el mismo puesto? ¿Limitar derechos, disparar primero y preguntar después, o confundir venganza con ley, son realmente caminos hacia la paz?

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El debate está servido.