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La ilusión mediática de Galán

Foto: Chelo Camacho
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Laura Alejandra Bulla Quintero

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

labulla@universidadmayor.edu.co

En un mundo donde nuestra percepción sobre lo que nos rodea es construida a través de los distintos canales de información que existen, es fácil olvidar que lo que vemos y escuchamos en los medios no siempre es un reflejo fiel de la realidad. En Colombia, y específicamente en Bogotá, esta dinámica se ha convertido en una estrategia clave de la administración de Carlos Fernando Galán. La ciudad enfrenta graves problemáticas en todos los ámbitos, pero para los medios de comunicación  tradicionales la narrativa es otra: Galán sigue siendo presentado a la audiencia como  un líder eficiente, mientras las cifras y la cotidianidad de los bogotanos cuentan una  historia diferente.

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¿Quién controla la información?

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De acuerdo con el Digital News Report 2024 del Reuters Institute, las redes sociales se han consolidado como una fuente clave de información, con un 61% de los encuestados que las utilizan para acceder a noticias. En este contexto, TikTok continúa ganando relevancia como plataforma informativa. Colombia se encuentra entre los diez principales mercados de esta red social, con un 40% de usuarios que la emplean para distintos fines y un 22% que la usan específicamente para informarse.

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En cuanto al consumo de medios tradicionales en el país, los tres más consultados  semanalmente son: Noticias Caracol (41%), Noticias RCN (25%) y El Tiempo (22%).  A nivel digital, los portales informativos con mayor alcance son: El Tiempo, con un  25% de uso, seguido por Noticias Caracol (23%) y Semana (19%).

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Es decir, a pesar del crecimiento sostenido de las plataformas digitales como fuente de información, los medios tradicionales continúan desempeñando un papel fundamental en la formación de la opinión pública, especialmente entre los adultos mayores. Esta situación resulta preocupante si se considera lo expuesto por el concejal Julián Triana durante el debate de control político del pasado 21 de marzo1 del presente año. En su intervención, Triana denunció una posible relación entre el  financiamiento de la campaña del alcalde Carlos Fernando Galán y el comportamiento editorial de los principales medios de comunicación. Según afirmó, Galán recibió donaciones por un total de 1.185 millones de pesos provenientes de conglomerados empresariales como Ardila Lülle, Santo Domingo, Gilinski y Prisa,  grupos que tienen una participación significativa en medios influyentes como Semana, Caracol, RCN, El Tiempo, Blu Radio, entre otros.

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Este respaldo financiero no es gratuito. A cambio, la administración de Galán ha  contado con una cobertura favorable en los grandes medios, los cuales minimizan sus fallas y resaltan sus supuestos logros. No es coincidencia que las ciudades de  Bogotá, Medellín y Cali están gobernadas por figuras cercanas a estos sectores, quienes también han recibido millonarias donaciones a sus administraciones:  Federico Gutiérrez (Fico) en Medellín y Alejandro Eder en Cali. Mientras tanto, las  ciudades se hunden en problemáticas sin resolver. 

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Foto: Chelo Camacho

Seguridad: Un espejismo en las calles

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Galán ha construido su imagen como un alcalde comprometido con la seguridad. Sin embargo, las cifras demuestran lo contrario. Entre enero y octubre del 2024: 

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  • Los homicidios aumentaron un 11.9%, según la cifra dispuesta por “Bogotá Cómo Vamos”, el programa que hace veeduría a los resultados de la gestión de los mandatarios de la ciudad. 

  • La violencia intrafamiliar alcanzó los 29.947 casos, superando los 21.704 reportados en 2023, según el SIEDCO.  

  • En cuanto al riesgo de feminicidio, 2.590 mujeres fueron valoradas por el  Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, y casi la mitad (49%) se encontraba en riesgo extremo, destacándose las localidades de Ciudad  Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa con mayor número de casos, y Antonio Nariño, La Candelaria y Usme con los porcentajes más altos de riesgo extremo. Además, se abrieron 175 investigaciones por feminicidio durante el año, y ya se habían registrado 20 más hasta febrero de 2025, según la Fiscalía.  

  • Los delitos sexuales contra mujeres aumentaron un 28% frente a 2023, con un total de 6.777 casos, lo que evidencia una grave situación de violencia de género en la capital. 

  • Según datos obtenidos mediante derecho de petición a la Dirección de  Investigación Criminal (DIJIN) e Interpol, 2024 se consolidó como el año más violento en la historia de Bogotá en el asesinato por sicariato. En promedio, cada 14 horas ocurrió un asesinato en Bogotá.

  • La extorsión aumentó en un 63.52%, según el informe de la Fundación ProBogotá. 

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Según cifras del concejal Julián Uscátegui, Bogotá atraviesa una profunda crisis en  materia de seguridad, evidenciada por un déficit de 10.000 policías, la cifra más baja registrada en las últimas cuatro administraciones. A esta situación se suma que, de acuerdo con el medio La Pulla, sólo el 20% del territorio capitalino cuenta con cobertura de cámaras de seguridad, de las cuales 2.706 están fuera de servicio, a pesar de que se asignaron más de 30.000 millones de pesos para su reparación. Contrario a fortalecer los mecanismos de respuesta ciudadana, la administración distrital debilitó el sistema de emergencias al eliminar funciones clave como el video, el chat y la geolocalización en la línea de atención, aumentando así la sensación de vulnerabilidad entre los habitantes de la ciudad.

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En lugar de abordar estructuralmente estos problemas, Carlos Fernando Galán ha apostado por estrategias ineficaces como los "gestores del orden", civiles armados que evocan la oscura sombra del paramilitarismo y generan más incertidumbre que soluciones reales. Mientras tanto, ha incumplido su promesa de mejorar las condiciones de hacinamiento en las URI, perpetuando la crisis del sistema judicial y  carcelario.

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Más que garantizar la seguridad, la administración ha optado por maquillar la realidad a través de campañas mediáticas. En octubre, destinó 556 millones de pesos en pauta publicitaria para medios como Caracol, RCN y CityTV, promoviendo la campaña "Bogotá Camina Segura", cuando la sensación en las calles es precisamente la contraria. Mientras los ciudadanos enfrentan a diario el miedo y la violencia, el dinero público se malgasta en vender una falsa percepción de seguridad que no se traduce en hechos concretos.

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Foto: Colprensa

Pobreza, vivienda y hambre

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En la ciudad, 1.7 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, lo que  significa que 1 de cada 5 ciudadanos no tiene acceso suficiente a comida o a una alimentación de calidad. En marzo, la veeduría alertó que el 34% de las familias no pueden comer tres veces al día, y que 375.000 personas —equivalente a toda la población de Neiva— pueden pasar un día o más sin comer. Además, 336.000 viviendas en la ciudad no cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad, dejando a miles de bogotanos en un estado de vulnerabilidad extrema. 

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Ante este panorama, la administración de Carlos Fernando Galán ha optado por continuar con el modelo de transferencias económicas heredado de Claudia López,  beneficiando a 250.000 familias. Además, ha anunciado una inversión de 4.6  billones de pesos para la construcción de 50 comedores comunitarios y 30 escolares,  la ampliación de la cobertura del Plan de Alimentación Escolar al 100% de los  colegios públicos, y un aumento en el valor de las transferencias para alimentación que reciben 37.000 hogares. En cuanto a vivienda, el plan contempla la entrega de 75.000 subsidios en 4 años, pero esto depende de la revisión de la reglamentación  del POT dejado por la administración anterior.

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Las cifras suenan ambiciosas, pero la gran pregunta es: ¿realmente las cumplirá? Hasta ahora, el historial de promesas incumplidas genera dudas sobre la efectividad de estos planes. Esta situación requiere acciones concretas e inmediatas, no solo  anuncios de inversión sin garantías de ejecución.

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Foto: César Melgarejo

Basuras y crisis ambiental

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La gestión ambiental de Galán ha sido un fracaso marcado por la falta de planificación, respuestas tardías y medidas mediáticas que no solucionan los problemas de fondo. La ciudad enfrenta una crisis en la recolección de basuras, un  sistema de reciclaje ineficaz y una grave amenaza de desabastecimiento de agua, mientras la administración diluye su responsabilidad con discursos genéricos y  campañas de concientización vacías.

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El manejo de residuos sigue siendo ineficiente: Bogotá produce 7.800 toneladas de basura al día, y el relleno de Doña Juana ha sobrepasado su capacidad, generando contaminación y afectando la calidad de vida de los ciudadanos. En lugar de fortalecer la recolección diferenciada o mejorar las rutas de aseo, la alcaldía ha gastado 530 millones de pesos en publicidad, trasladando la responsabilidad a la ciudadanía en vez de asumir su deber. Mientras tanto, el reciclaje sigue siendo caótico e insuficiente, sin esfuerzos reales para integrar a los recicladores en un  sistema eficiente.

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En cuanto a la crisis hídrica, la situación es aún más alarmante. 4 de los 8 embalses que abastecen la ciudad están en tendencia descendente, y Chingaza, la principal fuente de agua, opera al 38.73% de su capacidad. La alcaldía improvisó con la flexibilización del racionamiento y apostó a lluvias que nunca llegaron, sin desarrollar estrategias estructurales para garantizar el abastecimiento. Además, tuvo  que recurrir al uso de agua de la planta Tibitoc, cuya calidad es cuestionable, sin ofrecer soluciones a largo plazo para la captación y almacenamiento del recurso.

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Lo más preocupante no es la falta de recursos, sino la falta de gestión. La alcaldía invierte en propaganda mientras la ciudad se hunde en una crisis ambiental. No hay estrategias para mejorar la calidad del aire, proteger fuentes hídricas o desarrollar infraestructura sostenible. Pero su falta de silencio es una decisión premeditada. Un claro ejemplo fue su reacción ante la resolución del Ministerio de Ambiente, donde activó a la opinión pública alineada con el establecimiento para oponerse al proyecto. Esto no es sorprendente, pues su administración responde a los intereses de poderosos gremios como Camacol. Para la alcaldía y sus aliados, la gestión pública no está al servicio de la ciudadanía, sino de los negocios de unos pocos, incluso a  costa del medio ambiente.

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En lugar de gobernar con visión y liderazgo, ha optado por priorizar su imagen sobre la acción. Mientras la administración siga improvisando y evadiendo su responsabilidad, la ciudad solo verá cómo su crisis ambiental se profundiza y su  calidad de vida se deteriora.

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Foto: Mauricio León

Transmilenio y SITP

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El aumento en las tarifas de TransMilenio ha desatado indignación, y con razón. Bogotá tiene uno de los sistemas de transporte más costosos de la región, pero ofrece un servicio deficiente e inseguro. Mientras los ciudadanos enfrentan largos tiempos de viaje, hacinamiento y constantes robos, la alcaldía de Galán prefiere cargar sobre ellos el peso del déficit de 3.1 billones de pesos en lugar de buscar soluciones  estructurales.

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El argumento de que subir el pasaje es la única alternativa es una falacia. El déficit del sistema no es nuevo y gobiernos anteriores han demostrado que aumentar tarifas no soluciona el problema. Peor aún, el incremento ignora la realidad económica de los ciudadanos: para muchas personas, pagar el transporte significa dejar de comer. En una ciudad con un alto costo de vida, la evasión del pago no es solo un "problema de cultura ciudadana", sino una respuesta a la precarización económica.

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Además del costo excesivo, TransMilenio es un espacio de peligro constante. La inseguridad dentro de estaciones y buses es incontrolable, y los casos de acoso contra  mujeres han aumentado sin que la administración tome medidas efectivas. Mientras tanto, parece haber más interés en capturar colados que en garantizar la seguridad de los pasajeros. Bogotá necesita un transporte público eficiente, seguro y accesible, no una máquina de recaudo que exprima a los ciudadanos sin ofrecerles un sistema  digno.

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Foto: Mauricio Alvarado

¿Cómo va el Metro?

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El alcalde ha intentado vender la idea de que su administración está impulsando grandes avances en la construcción del metro de Bogotá. Sin embargo, la realidad es que su gestión no ha traído cambios significativos en los plazos ni en la planificación  del proyecto, sino que simplemente ha continuado con lo que ya estaba establecido.

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Primera línea: Según el último balance, la primera línea del metro tiene un 44% de avance. En la calle 72, los retrasos persisten porque aún no se ha obtenido una autorización clave del Gobierno Nacional. Además, en varios puntos de la obra hay  problemas con las redes de servicios públicos, lo que demuestra que la administración no ha hecho una gestión adecuada para resolver estos inconvenientes a tiempo. Mientras tanto, Galán se escuda en la fabricación de los vagones en China para mostrar avances, aunque el verdadero reto sigue sin resolverse: completar la infraestructura en la ciudad. 

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Segunda línea: El panorama de la segunda línea no es más alentador. Aunque se ha definido que irá de Chapinero a Suba, su construcción no ha comenzado. Dos empresas siguen disputándose el contrato, y hasta que no se resuelva esta pugna, no habrá avances reales. La administración ha fijado el inicio de la construcción para  2027, lo que indica que no veremos cambios significativos en esta obra durante el  actual periodo de gobierno.

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Tercera línea: Sobre la tercera línea del metro, no hay una garantía de que contará con el respaldo del Gobierno Nacional. No hay claridad sobre su financiación ni sobre si el proyecto se concretará. Mientras tanto, Galán ha preferido hacer anuncios sin sustento, generando expectativas que pueden terminar en otra promesa  incumplida. 

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Foto: Empresa Metro de Bogotá

Derechos de las mujeres: Entre el discurso y la negligencia

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La administración de Galán ha demostrado, una vez más, su falta de compromiso real con la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá. El pasado 8 de marzo, en lugar de generar espacios de diálogo y acciones concretas para atender las  demandas históricas, su respuesta prioritaria fue condenar la intervención a la estatua de Luis Carlos Galán. Este episodio refleja una tendencia recurrente en su gobierno: reaccionar con más contundencia ante daños materiales que ante la violencia sistemática que sufren las mujeres en la ciudad.

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Más allá del simbolismo, los hechos demuestran que las medidas de su administración en materia de género han sido insuficientes. Los índices de violencia contra las mujeres siguen en aumento, los recursos destinados a la atención de víctimas son precarios y las campañas de sensibilización no han trascendido el plano  discursivo. En un contexto donde el acceso a la justicia para las mujeres es limitado y las cifras de feminicidios, acoso y agresiones no disminuyen, Galán prefiere criminalizar la protesta antes que reconocer su incapacidad para garantizar condiciones de vida dignas y seguras para las mujeres, niñas y disidentes.

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Su administración sigue reproduciendo el mismo patrón de desatención que gobiernos anteriores, donde la igualdad de género es utilizada como un eslogan de campaña, pero nunca como una prioridad de política pública. Una gestión que ignora las exigencias de garantizar los derechos no solo es negligente, sino cómplice del  sistema que perpetúa la violencia y la desigualdad.

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Foto: Nathalia Angarita

En conclusión, Bogotá no necesita más discursos vacíos. Mientras en los medios de comunicación  se quiere vender un ambiente de estabilidad y tranquilidad, la realidad es por completo otra: el alcalde insiste en responsabilizar a los ciudadanos en vez de asumir su incapacidad para gobernar con visión y justicia social. ¿Hasta cuándo se nos  pedirá sacrificarnos mientras los errores de la gestión pública se normalizan como inevitables?

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El aumento de tarifas, la inseguridad desbordada y la falta de respuestas  estructurales no son accidentes ni simples problemas administrativos: son el reflejo de un modelo de ciudad que prioriza los intereses privados sobre el bienestar colectivo. No es solo el fracaso de un alcalde, es el síntoma de un sistema que sigue perpetuando desigualdades.

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Ahora la pregunta es ¿seguiremos aceptando que nos gobiernen con propaganda y medidas improvisadas o exigiremos un cambio real?

Bibliografía

ISSN: 3028-385X

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