La irrupción del SARS-CoV-2 en diciembre de 2019 señaló el comienzo de una crisis que superaría lo sanitario para transformarse en un reflejo nítido de las profundas fracturas socioeconómicas existentes a nivel internacional. Lo que comenzó como un brote localizado en Wuhan, China, se transformó en una emergencia global que no solo obligó a reconfigurar las dinámicas políticas, económicas y sociales de muchos países, sino que llegó para exponer una verdad incómoda: ante una amenaza común, no todos los seres humanos compartimos la misma vulnerabilidad.

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La pandemia no creó nuevas desigualdades, sino que funcionó como un potente catalizador de las ya existentes, profundizando brechas históricas y generando consecuencias que, incluso hoy en 2025, seguimos afrontando. Este ensayo analiza cómo la crisis del COVID-19 desnudó y exacerbó las divergencias estructurales en diversos ámbitos y cómo sus efectos continúan reverberando en nuestras sociedades, con particular intensidad en los sectores más vulnerables.

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Cuando la OMS declaró oficialmente la pandemia el 11 de marzo de 2020, el mundo enfrentó un desafío aparentemente democrático: un virus que no distinguía fronteras, nacionalidades o estatus social. Sin embargo, con el transcurrir de los días se hizo evidente que tanto el riesgo de contagio como la capacidad de respuesta estaban determinados por factores socioeconómicos preexistentes.

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En el Norte global, los sistemas de salud, bastante integrales a pesar de su desestabilización temporal, lograron reestructurarse para enfrentar la crisis. Por otro lado, en la zona del Sur, las infraestructuras sanitarias ya deterioradas se encontraron completamente desbordadas. Evocando a Galtung y su teoría sobre la violencia, podría afirmarse que la pandemia materializó el concepto de violencia estructural, manifestándose como violencia sistemática al evidenciar cómo las estructuras económicas y políticas globales condicionaron dramáticamente el acceso a recursos vitales.

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El emplazamiento geográfico del poder determinó no solo la capacidad inmediata de respuesta, sino también el acceso a las vacunas. Mientras algunas naciones almacenaban suficientes dosis para inmunizar a su población las veces que fuera necesario mediante los llamados “refuerzos”, se consolidaba la noción de "nacionalismo de vacunas". Simultáneamente, otros países dependían precariamente de mecanismos internacionales de cooperación que, en repetidas ocasiones, resultaron ser ineficientes e insuficientes.

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Y es que entre más aspectos se mencionen, más desigualdades salen a relucir. Ubicándonos espaciotemporalmente en lo que fue la implementación de cuarentenas y restricciones de movilidad, se evidenció cómo algunos sectores podían trasladar sus actividades al entorno digital, dejando a un lado a grandes masas que quedaron en situación de extrema vulnerabilidad, pues, aunque no lo crea, el teletrabajo se convirtió en privilegio de una minoría. En términos laborales era una sola pregunta la que determinaba el curso de acción y las consecuencias enfrentadas por los trabajadores informales e independientes: ¿exponerse al contagio o renunciar a sus ingresos?

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La divergencia en las capacidades estatales ha tenido efectos duraderos que han repercutido no solo en la calidad de la recuperación, sino también en su velocidad de reparación. Las asimetrías fueron el común denominador en toda esta crisis: por un lado, escenarios donde la capacidad fiscal logró asegurar ambiciosos programas de rescate y estímulo; del otro, países con altos índices de endeudamiento que apenas pudieron sostener precariamente su economía. Considerando como hito trágico la devastación de sectores como el turismo, el transporte y el comercio minorista, cabe resaltar que el impacto más severo recayó desproporcionadamente sobre las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas.

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Este periodo trazó una profunda cicatriz generacional. La digitalización forzosa de la vida cotidiana resultó determinante para agravar la brecha digital. La educación remota, los espacios apropiados para estudiar y las conexiones estables de internet se revelaron como privilegios inaccesibles para millones de estudiantes, poniendo en cuestión la garantía efectiva del derecho fundamental a la educación.

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Esta desigualdad educativa constituye una de las secuelas más preocupantes de la pandemia. Los déficits de aprendizaje acumulados durante los periodos de confinamiento continúan manifestándose en 2025. Estos rezagos se presentan con particular intensidad en estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, ampliando las brechas de oportunidades futuras.

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En paralelo, fue una pandemia silenciosa al hablar de la salud mental. Las consecuencias están aún vigentes, se han vuelto crónicas o resultan irreversibles. El aislamiento social, el miedo al contagio, la incertidumbre económica y el duelo por las pérdidas humanas generaron un incremento significativo en los casos de ansiedad, depresión y trastornos por estrés postraumático.

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Este panorama puede parecer excesivamente sombrío o pesimista, pero refleja la realidad que enfrentamos actualmente, una verdad que muchas personas han optado por ignorar mientras navegamos por esta encrucijada pospandémica. Podríamos afirmar que el SARS-CoV-2 funcionó como un experimento social involuntario que demostró la profunda relación entre las desigualdades estructurales y la vulnerabilidad ante las crisis.

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Si bien, en medio de la recuperación y reestructuración del modelo socioeconómico global, existen múltiples interrogantes, la esencia está en una sola pregunta: ¿estamos intentando volver a una "normalidad" que ya era abismalmente desigual, o valdremos esta coyuntura para repensar aquellas estructuras que determinan quién tiene o no acceso a los recursos mínimos y fundamentales para una vida digna? La cuestión definitiva no es cuándo volveremos a la normalidad, sino qué tipo de normalidad queremos y estamos dispuestos a construir.