Los desafíos para la democracia en Túnez
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Laura Carvajal Nader
Universidad de los Andes
A pesar del desgarrado intento del Oriente Próximo y el Norte de África por ponerle fin a la opresión a través de la Revolución del Jazmín en Túnez y la Primavera Árabe, están en miras de sentar las bases para sembrar la coyuntura que dé vida a la democracia.
Este fuego de protesta social comenzó en Túnez y se contagió por toda la región, derrotando en su camino a los gobiernos dictatoriales juzgados por múltiples abusos a los derechos humanos, como los de Zine El Abidine Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto y Gadafi en Libia. De todos estos países, el único que tuvo el prospecto de fundar una democracia longeva y estable fue Túnez; sin embargo, ante la inestabilidad regional y presidencial, el régimen deseado ha sido obstaculizado.
La radiografía identifica dos obstáculos principales: en primer lugar, el dilema de seguridad que plantea el terrorismo yihadista requiere de medidas autoritarias por parte del gobierno; y en segundo lugar, las acciones despóticas del presidente Kais Saied lo responsabilizan por los retrocesos democráticos del país.
Dilema de la seguridad: grupos terroristas, ayuda externa y toma de decisiones autoritarias:
Los países entrelazados por la Primavera Árabe, como Túnez, han sufrido amenazas constantes provenientes del terrorismo yihadista, que es un fenómeno transfronterizo. Este escenario, en el contexto de Túnez, ha generado la necesidad de solidificar medidas autoritarias por parte del gobierno, generando retrocesos en el proceso de democratización. En particular, los grupos extremistas ISIS y Ansar al Sharia en Túnez (AST) han capitalizado los vacíos de poder y la inexperiencia de la clase política para afrontar medidas antiterroristas tras la caída del régimen dictatorial de Ben Ali. El auge del yihadismo en Túnez es, en parte, una consecuencia de la represión religiosa durante la dictadura, cuyos residuos persisten en la política actual. Dicha incapacidad de la clase política ha creado una ola de escepticismo en la sociedad civil frente a la eficiencia de las instituciones y el gobierno, llegando a considerarlos incapaces.
El grupo AST tiene como objetivo establecer la Ley Sharia y promover la utópica idea de la yihad global. Este fin lo buscan convertir en una realidad atacando al gobierno tunecino y sus fuerzas armadas. Por otra parte, la organización ha tejido una red con otros grupos con influencia como el Estado Islámico y Al Qaeda. El problema recae en que el gobierno designó a AST como organización terrorista en el 2013 y aseguró así su ilegalidad. Este acto fue el primero en poner fin a la anomalía del yihadismo en Túnez, que llevaba años reclutando a civiles, realizando eventos y proporcionando servicios que promovían la ideología yihadista. Sin embargo, su fuerte alianza con Al Qaeda y su proyecto global no ha permitido cesar el terrorismo.
Además, es globalmente reconocido que el AST ha logrado mantenerse en pie por asistencia externa. En primer lugar, en instancias donde los dirigentes se ven comprometidos o amenazados suelen recurrir a otros países que también han sido sucumbidos por el terrorismo, como lo son el Líbano y Libia. En añadidura, las influencias de redes yihadistas se ven reflejadas en dos escenarios. En primer lugar, Túnez se ha convertido en el mayor exportador de Foreign Fighters en zonas de conflicto como Siria e Irak. En segundo lugar, la frontera con Libia, un país sin un Estado funcional, constituye una amenaza significativa dado su papel como centro de tránsito y entrenamiento para grupos yihadistas.
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Para contrarrestar las amenazas, el gobierno tunecino, en ocasiones, ha implementado medidas autoritarias como la construcción de un muro en la frontera con Libia —obstruyendo y coaccionando la libertad de transitar— y el cierre de mezquitas que no estén bajo el monopolio del Estado. En breve, generando la restricción de libertades democráticas. Estas medidas, aunque necesarias para garantizar la seguridad, han generado tensiones entre la protección de los derechos fundamentales y la estabilidad del país. En situaciones de crisis los gobiernos tienden a priorizar la seguridad sobre las libertades, en miras de mantener o construir la legitimidad. Tomen como ejemplo al presidente tunecino, que ha decretado por más tiempo de lo legalmente permitido el estado de excepción.
El daño unilateral generado por el presidente Kais Saied:
Las acciones del ejecutivo han consolidado un régimen autoritario a través de una serie de acciones que han sofocado las instituciones democráticas del país. En particular, es alarmante la amenaza gradual frente a la independencia de las instituciones y su capacidad de hacer control político. El presidente en cuestión fue electo en 2019, pero la democracia se ha visto directamente desestabilizada desde 2021, cuando el presidente hizo uso del Artículo 80 de la Constitución para asumir poderes excepcionales. Sin embargo, esta decisión no fue tomada bajo el reglamento que establece la Constitución. Tras este acto, el presidente, después de agotar los 30 días habilitados para gobernar en estado de excepción, recurrió al Decreto 117 y logró concentrar todos los poderes.
Las alarmas no se apagan ahí. Saied, en el 2022, decidió disolver el parlamento con miras a reducir el control político y censurar el sistema de pesos y contra pesos. De hecho, el mismo presidente reflexionó que la democracia occidental no suple las necesidades tunecinas, y discutió la posibilidad de un referéndum que ponga en marcha un proyecto para establecer una constitución que tenga como fundamento la propuesta de un régimen autoritario. Básicamente, un sistema donde el presidente tenga más poderes y haya un parlamento “sui generis”. Este cambio de parlamentarismo a ultra presidencialismo limitaría la oposición política y consolidaría el control absoluto del presidente, erosionando la democracia. Esto mismo se ve reflejado en el hecho de que Saied ha sido la persona responsable del arresto y la exclusión de candidatos de oposición, incluidos miembros del partido islamista Ennahda, y en ocasiones ha tomado medidas represivas contra organizaciones de la sociedad civil. Este ejercicio de poder casi absoluto ha desembarcado en el deterioro de los órganos constitucionales independientes y ha desvirtuado el sistema judicial, conformando una crisis institucional.
Estas anomalías, frente a los arrestos y censuras a la oposición, resultaron en la dudosa reelección del presidente Kais Saied. Además, en campaña los principales rivales del mismo entraron a prisión. Igualmente, hay que considerar que no solo son los candidatos que iban a competir en las urnas con Saied quienes fueron condenados a prisión, sino que son más de 170 personas que se encuentran detenidas en Túnez debido a su acción política. La reelección ha sido percibida como el “último clavo en el ataúd” del movimiento democrático tunecino.
En breve, aunque Túnez ha sido el único país de la Primavera Árabe que ha medianamente prosperado en su intento de establecer un régimen democrático —que conste de transparencia política, libertades e inclusión— se ha visto limitado por varios factores, pues los países que lo rodean geográficamente han penetrado de manera directa o indirecta en la democracia tunecina, generando de esta manera su erosión democrática.