Los ecos de Orión
La Escombrera (2002). Foto: Jesús Abad Colorado
David Novoa Orjuela
Universidad Nacional de Colombia
En las laderas de la Comuna 13 de Medellín se alza La Escombrera, un vertedero de escombros y materiales de construcción que esconde una de las historias más oscuras del conflicto armado colombiano. Este lugar, que hoy es objeto de investigación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se convirtió en una fosa común donde se estima que fueron depositados entre 205 y 525 cuerpos de personas desaparecidas, víctimas de cuatro diferentes olas de violencia que azotaron la región.
La historia de La Escombrera como cementerio clandestino comenzó durante los enfrentamientos entre las FARC y las estructuras paramilitares por el control territorial de la Comuna 13. Esta primera ola de violencia sentó las bases para lo que vendría después: una escalada de horror que alcanzaría su punto más álgido durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La segunda ola de violencia llegó con la guerra interna entre paramilitares, específicamente cuando Don Berna emprendió una campaña sangrienta contra su antiguo socio, alias Doble Cero, quien se había negado a participar en el narcotráfico. Este conflicto terminó con el asesinato de Doble Cero en la Costa Atlántica y la eliminación sistemática de sus lugartenientes, dejando más cuerpos en las entrañas de La Escombrera.
Sin embargo, fue la tercera ola, marcada por la “famosa” Operación Orión en octubre de 2002, la que convirtió a La Escombrera en el símbolo más contundente de la colaboración entre el Estado y los grupos paramilitares. Recién posesionado como presidente, Álvaro Uribe Vélez, junto con su ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, ordenaron esta operación militar que se convertiría en la intervención armada urbana más grande en la historia del conflicto colombiano.
La operación, que contó con la participación del general Mario Montoya (posteriormente salpicado en el escándalo de los falsos positivos), movilizó más de 1.500 efectivos de la fuerza pública, respaldados por tanquetas y helicópteros artillados. Una imagen se volvería icónica de esta intervención: un informante encapuchado, vestido con uniforme militar, señalando casas donde supuestamente se encontraban colaboradores de la guerrilla.
La estructura de mando durante la Operación Orión revela un entramado de complicidades que llegaría hasta los más altos niveles del gobierno. El entonces director del DAS, Jorge Noguera, nombrado por Uribe después de ser su jefe de campaña en el Magdalena, sería posteriormente condenado a 25 años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo. El fiscal general Luis Camilo Osorio, otro actor clave en la operación, fue cuestionado por destituir a fiscales que investigaban a los paramilitares y reemplazarlos por otros más "amigables" con las autodefensas.
Los testimonios de paramilitares desmovilizados, recogidos por la justicia, revelan la verdadera naturaleza de la operación. Diego Murillo, alias Don Berna, confesó que el Bloque Cacique Nutibara participó activamente en Orión como parte de una alianza con la Cuarta Brigada del Ejército. Juan Carlos Villa, alias 'Móvil 8', admitió que mantenían presencia armada en La Escombrera, donde ejecutaban a supuestos guerrilleros y colaboradores tras interrogatorios.
Comuna 13 (2002). Foto: Stephen Ferry
Lo más perturbador no fue solo la operación en sí, que incluyó más de 100 allanamientos y numerosas capturas, sino lo que vino después. Como una macabra coreografía, los grupos paramilitares, especialmente el Bloque Cacique Nutibara, tomaron control de la zona inmediatamente después de la intervención militar. Fue durante este periodo cuando se registró el mayor número de desapariciones: solo en 2002, año de la Operación Orión, se documentaron 116 casos, seguidos por 46 más en 2003.
El caso de Arles Edisson Guzmán Medina ilustra el horror de aquellos días. Vendedor de pollos en el barrio 20 de Julio, fue interceptado por miembros del Bloque Cacique Nutibara vestidos de civil el 30 de noviembre de 2002. Con el pretexto de hacerle unas preguntas, se lo llevaron ante la mirada impotente de su familia. Nunca más lo volvieron a ver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció años después que su desaparición fue posible gracias a la colaboración entre agentes estatales y paramilitares.
Las defensoras de derechos humanos también fueron blanco de esta represión coordinada. Ana Teresa Yarce, María del Socorro Mosquera y Mery del Socorro Naranjo fueron detenidas ilegalmente en 2002. Yarce sería posteriormente asesinada, en un crimen que la Corte Interamericana atribuyó a la negligencia del Estado en su deber de protección.
La búsqueda de los desaparecidos en La Escombrera ha sido un proceso doloroso y lleno de obstáculos. La primera excavación, realizada por el CTI de la Fiscalía en 2015, no arrojó resultados, lo que llevó a la suspensión temporal de los trabajos. No fue hasta 2020 cuando la JEP decretó una medida cautelar para proteger un área de 6.912 metros cuadrados, y en julio de 2024, tras remover más de 36.000 metros cúbicos de desechos, se encontraron los primeros restos humanos.
Frente a estos hallazgos, la respuesta de Uribe y el Centro Democrático ha sido negar su responsabilidad y minimizar los hechos. En un comunicado reciente, Uribe calificó las investigaciones como un ataque político del "Petro-Santismo", ignorando que las confesiones de los paramilitares sobre La Escombrera se produjeron durante su propio gobierno y el de Juan Manuel Santos, mucho antes de que existiera la JEP o Gustavo Petro llegara a la presidencia.
La manipulación de la narrativa por parte de Uribe es evidente cuando afirma que La Escombrera ha sido utilizada como depósito de cuerpos desde 1978. Si bien esto puede ser cierto, los datos oficiales de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas muestran una clara concentración de casos en 2002 y 2003, coincidiendo exactamente con la Operación Orión y sus secuelas.
Mientras Uribe celebra la transformación de la Comuna 13 en un destino turístico que recibe "más de un millón de visitantes al año", las familias de los desaparecidos siguen esperando respuestas. Para ellas, las escaleras eléctricas y el arte urbano que ahora adornan el barrio no pueden ocultar la verdad que yace bajo toneladas de escombros: que durante el gobierno de Uribe, el Estado colombiano no solo colaboró con grupos paramilitares, sino que facilitó y encubrió una de las mayores operaciones de desaparición forzada en la historia reciente del país.
Álvaro Uribe Vélez. Foto: Anadolu Agency (Getty Images)
La Escombrera permanece como un testimonio mudo de esta verdad incómoda, un recordatorio de que la "seguridad democrática" de Uribe se construyó sobre los cimientos de la violencia paramilitar y la complicidad estatal. Cada nuevo hallazgo de restos humanos es una prueba más de que, por más que se intente reescribir la historia, la verdad, como los cuerpos de los desaparecidos, siempre encuentra la manera de salir a la superficie.
El impacto de La Escombrera va más allá de los números y las estadísticas. Cada desaparecido tiene un nombre, una historia y una familia que sigue buscando respuestas. Como el caso de Jaime Alberto Giraldo Vásquez, quien fue capturado durante la Operación Orión y mantenido en prisión preventiva durante más de dos años y medio, acusado falsamente de ser miembro de las FARC. Aunque finalmente fue absuelto en 2008 por falta de pruebas, su caso ilustra cómo la operación se convirtió en una cacería de brujas que afectó principalmente a civiles inocentes.
La transformación de la Comuna 13, que tanto celebra Uribe, esconde una realidad más compleja y dolorosa. Si bien es cierto que el barrio ha experimentado cambios positivos en su infraestructura y ha desarrollado una vibrante escena cultural, estos avances no pueden borrar el trauma colectivo que significa La Escombrera. Como señaló María Victoria Uribe en su análisis crítico, la televisión colombiana y los medios de comunicación han contribuido a romantizar la violencia paramilitar, presentando a criminales como héroes y minimizando el sufrimiento de las víctimas.
Los esfuerzos actuales de la JEP por esclarecer la verdad enfrentan no sólo obstáculos físicos y logísticos, sino también una campaña coordinada de desinformación. El Centro Democrático ha intentado desacreditar los hallazgos recientes calificándolos de "falsas narrativas", a pesar de que las evidencias de la colaboración entre fuerzas estatales y paramilitares son abrumadoras. Los testimonios de los propios paramilitares, las sentencias judiciales nacionales e internacionales, y ahora los restos humanos que emergen de La Escombrera, conforman un corpus probatorio que ni siquiera la retórica más hábil puede desmentir.
La lucha por la verdad y la justicia continúa. En enero de 2025, la JEP anunció el hallazgo de dos cuerpos más en La Escombrera, recordándonos que este caso está lejos de cerrarse. Para las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas, cada nuevo hallazgo representa tanto una esperanza como un dolor renovado. La esperanza de poder dar finalmente sepultura digna a sus seres queridos y el dolor de confirmar lo que siempre supieron: que sus familiares fueron víctimas de un plan sistemático de eliminación que contó con la complicidad del Estado.
La verdadera transformación de la Comuna 13 y de Colombia en general no podrá completarse hasta que se reconozca plenamente la responsabilidad del Estado y sus altos funcionarios en estos crímenes. La narrativa triunfalista de Uribe, que pretende reducir la Operación Orión a una exitosa intervención de seguridad, choca frontalmente con la realidad que emerge de La Escombrera. Cada cuerpo recuperado es un testimonio mudo pero elocuente de cómo la "seguridad democrática" se construyó sobre una montaña de víctimas.