En buena parte de nuestras clases solemos referirnos al Estado como ese Leviatán del que hablaba Thomas Hobbes en su célebre obra de 1651. Allí, Hobbes expone una tesis radical: los seres humanos, al vivir en un estado natural sin autoridad común, se enfrentan a una condición de inseguridad permanente caracterizada como la “guerra de todos contra todos”. En ese escenario, la vida es, en palabras del autor “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta” (Hobbes, Leviatán, cap. XIII).

Para escapar de ese abismo, los individuos pactan entre sí la creación de un gran artificio al cual hoy en día llamamos el Estado. Debemos saber que para que ese Estado funcione, es necesario que los ciudadanos cedamos una parte de nuestra libertad individual a cambio de algo fundamental y que hoy por hoy nos falta y es la seguridad.

En otras palabras, el origen mismo del pacto social descansa en un intercambio en el cual nosotros los ciudadanos entregamos libertad para obtener por parte del Estado “protección”. Renunciamos al uso privado de la fuerza para que exista una autoridad que la ejerza en nombre de todos nosotros, sus ciudadanos. Hobbes lo dice con claridad: “La finalidad de la autoridad soberana es la seguridad del pueblo” (Hobbes, Leviatán, cap. XVII).

Pero ¿qué ocurre cuando ese intercambio se rompe? ¿Qué sucede cuando el Estado deja de cumplir con su parte del pacto? Hobbes anticipó esta pregunta al señalar que el contrato social no consiste en una obediencia ciega del ciudadano, sino en una obediencia condicionada por la capacidad del soberano para garantizar la paz y la seguridad. Cuando el soberano no protege, pierde legitimidad.

Y aquí es donde nuestra realidad colombiana entra en juego. Vivimos, hoy más que nunca, en un país donde el pedazo de libertad que cedimos no está siendo retribuido por el Estado. Hemos entregado nuestra capacidad de defensa, nuestra autonomía para impartir justicia por nuestra propia mano, nuestra libertad de fuerza, pero el Estado contemporáneo no está devolviendo lo mínimo que prometió, la seguridad.

En Colombia, salir a la calle es un acto de valentía cotidiano. Visitar a la familia se ha convertido en un riesgo calculado. Incluso mirar el celular en un bus es exponerse a perder no solo un objeto material, sino un bien jurídico tan importante como lo es la vida.

La violencia ha mutado y se ha expandido, superando fronteras rurales y urbanas, afectando a todos los estratos sociales sin discriminación alguna. El ciudadano común, que confió en el pacto social, hoy vive con miedo. Y ese miedo erosiona el fundamento hobbesiano del Estado.

El Leviatán colombiano parece debilitado, incapaz de cumplir su función natural. Y si el Estado deja de garantizar seguridad, el contrato se vuelve unilateral, el ciudadano sigue obligado, pero el soberano no responde. En un gobierno que promete, pero no ejecuta, que firma pero no controla el territorio, que legisla pero no protege, se hace legítima la pregunta: ¿para qué entregar nuestra libertad si el Estado no cumple?

Esta reflexión no es un llamado al caos ni a la desobediencia, sino una advertencia política: la seguridad no es un asunto accesorio, sino el fundamento mismo del pacto social. Sin seguridad no hay confianza, sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo, sin desarrollo no hay empleo, y sin empleo no hay disminución de la pobreza. Es una cadena lógica que Hobbes nunca formuló en términos económicos, pero que hoy resulta evidente: el orden es la base del progreso.

Colombia necesita reconstruir la confianza en su Estado, y esa reconstrucción no se logra con discursos ni con reformas improvisadas, sino con un retorno decidido al propósito central del Leviatán de proteger la vida y las libertades de sus ciudadanos. Porque si el Estado no garantiza la seguridad, no solo incumple el contrato social, sino que empuja a la sociedad hacia el mismo estado de naturaleza del que intentamos escapar hace siglos.

En consecuencia, es imprescindible que retomemos la seguridad como prioridad nacional. Con seguridad renace la confianza, con confianza llegan inversiones, con inversiones se reactiva el crecimiento económico, y con crecimiento se reduce la pobreza. Esta no es simplemente una consigna política: es la lógica estructural que sostiene todo Estado moderno, desde Hobbes hasta nuestras democracias contemporáneas.

Si queremos vivir en una democracia real —no en una ficción frágil, no en un Leviatán enfermo— debemos exigir que quien detenta la autoridad cumpla con su deber más básico: protegernos. De lo contrario, la pregunta inicial seguirá retumbando: ¿hasta qué punto debemos seguir entregando nuestra libertad?