Abelardo de la Espriella: abogado y empresario que decidió “dejarlo todo” para salvar un país, según su propio diagnóstico, lleno de desagradecidos, desleales y cafres. Hoy es uno de los aspirantes a la presidencia con mejor desempeño en las encuestas, junto al candidato Iván Cepeda.

Bajo la figura de un tigre, en un intento por replicar el imaginario del león con la que se vendió el actual presidente argentino, Javier Milei, De la Espriella busca proyectar la imagen de un hombre sin miedo, dispuesto a enfrentarse a cualquiera para defender sus ideas. Sin embargo, al menos desde 2018, ese discurso combativo solo se manifiesta mediante el uso de las herramientas de la justicia, con un aparente interés en acallar a cualquier persona que se atreva a plantear preguntas sobre su pasado, sus empresas o sus relaciones personales. Esta práctica es conocida en el ámbito legal como acoso judicial.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el acoso judicial es una forma de agresión que consiste en interponer recursos legales en contra de periodistas o denunciantes que investigan e informan, en su mayoría, sobre corrupción e irregularidades en entidades del Estado. Algunos de esos recursos suelen ser demandas civiles, acusaciones criminales, procesos administrativos o acciones constitucionales (en el caso de Colombia).

La FLIP explica que este tipo de demandas suelen respaldarse en la defensa del buen nombre, del honor y de la intimidad de funcionarios(as) públicos y de particulares con exposición pública (como candidatos a la Presidencia de la República). Los procesos judiciales que se emprenden tienen el fin de intimidar a los y las periodistas, afectarlos emocional y económicamente y desincentivar su trabajo investigativo.

El empresario es recurrente en esta estrategia de intimidación. Su último intento ocurrió el pasado 13 de enero por medio de su colectivo, Defensores de la patria. A través de ellos se solicitó a la periodista y abogada Ana Bejarano rectificar la supuesta “información falsa” en su columna de opinión titulada Alex y Abelardo, publicada en la revista Cambio y en el portal Los Danieles.

Para no hacer el cuento largo, el equipo de campaña anunció la eventual interposición de acciones legales, entre ellas tutelas, y solicitó una rectificación al calificar de falaces e imprecisas varias afirmaciones del artículo. Sin embargo, según confirmó la propia Bejarano en el podcast Huevos Revueltos con Política de La Silla Vacía, dichas represalias aún no han llegado, más de una semana después de la publicación del comunicado.

Tras ese anuncio, Ana explica que enfrentarse a una figura que reacciona de manera agresiva frente a los cuestionamientos públicos implica riesgos reales, especialmente cuando desde cuentas asociadas a la campaña se divulgaron mensajes e imágenes tergiversadas sobre ella y el contenido de su columna. “Con todas las cosas que se difundieron en redes sociales desde su campaña es clarísima la estrategia digital del candidato y de sus seguidores, que atacan y hostigan a cualquier persona que se atreva a criticarlo de una manera muy insistente”, señala la abogada, quien además subraya que el miedo no puede traducirse en silencio: debe llevar a la cautela y al rigor, a asegurarse de que cada afirmación sea defendible incluso ante un juez, sin que ello implique renunciar al debate público ni dejar de examinar el pasado de quienes aspiran a gobernar el país.

En un comunicado emitido el 16 de enero, la FLIP calificó esta situación como preocupante, advirtiendo que este uso reiterado y expansivo de mecanismos legales contra periodistas puede representar una forma de presión, castigo o intimidación contra la prensa, especialmente en un contexto electoral donde la crítica a figuras públicas debe estar protegida.

“El escrutinio público sobre los candidatos presidenciales es importante casi desde todas las aristas de la vida de esas personas”, explica Bejarano. “Ellos quieren asumir el cargo de elección popular más importante de la nación, por lo tanto, casi todos los asuntos que atienden a su vida son de interés público”. En el caso de Abelardo de la Espriella, Ana sostiene que el hecho de que una persona aspire a ser el jefe de Estado manteniendo vínculos cercanos, persistentes y vigentes con figuras del régimen venezolano es una información de evidente interés ciudadano, más aún cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales.

La abogada sostiene que la incomodidad del candidato frente a ese artículo se explica por una relación históricamente conflictiva con la crítica pública: a lo largo de su carrera, asegura, el abogado ha reaccionado de forma hostil hacia el periodismo investigativo, un patrón que ella conoce de primera mano tras haber representado legalmente a comunicadores perseguidos por él. No se trata de un episodio aislado. En su comunicado, la FLIP recuerda los reiterados antecedentes en los que Abelardo ha utilizado distintos mecanismos para responder a cuestionamientos que vienen desde la prensa.

En 2018, el periodista Jorge Gómez Pinilla, columnista de El Espectador, recibió una citación por parte de la Fiscalía General de la Nación para comparecer a una diligencia penal en el marco de una querella por injuria presentada en su contra por De la Espriella. La acción se originó a raíz de una columna en la que se señalaba que presuntamente Abelardo financiaba el portal web Los Irreverentes y orientaba la línea informativa.

En 2019, el candidato fue repudiado por la exposición que hizo de datos privados de un periodista en una red social, acción que puso en riesgo la seguridad del comunicador. En 2021, Abelardo inició una demanda civil con la cual pretendía silenciar la opinión de la periodista Cecilia Orozco, quien en su momento analizó y criticó su papel como abogado del exmagistrado Jorge Pretelt. Por último, la organización recuerda cómo en 2024 alertó sobre el uso de acciones judiciales interpuestas por de la Espriella contra cinco periodistas por investigar y publicar información en la que se le relacionaba con los casos de Alex Saab y David Murcia Guzmán.

Así opera el acoso judicial

Ana Bejarano advierte que el acoso judicial no opera solo, sino que suele ir acompañado de una dimensión profundamente misógina. En ese marco, señala que las campañas de la ultraderecha, como la de Abelardo, han sabido explotar durante años la lógica de las redes sociales para amplificar emociones primarias y discursos de odio. Allí, explica, los ataques hacia las mujeres se convierten en una herramienta particularmente eficaz: “han sabido capitalizar muy bien cómo funciona el algoritmo” para atacar y silenciar a quienes los critican, especialmente a mujeres, mediante mensajes misóginos, desinformación y la deformación sistemática de su imagen. Estas estrategias no se limitan a seguidores particulares, sino que también se reflejan en los mensajes que circulan desde las propias campañas.

Sin embargo, Ana advierte que estas prácticas no son exclusivas de la ultraderecha. El uso de contenido no auténtico, el hostigamiento digital y la explotación de estructuras patriarcales atraviesan todo el espectro ideológico. “No es una estrategia que sea solamente de este sector político, más bien es algo que ocurre ya en el debate público como una táctica generalizada”, explica. En un país como Colombia, agrega, donde el voto presidencial está fuertemente mediado por la emoción, estas líneas de acción resultan especialmente efectivas.

Así las cosas, sería bueno recordar esos escándalos que tanto incomodan a Abelardo de la Espriella. En primer lugar, el que comenzó con este nuevo episodio de acoso judicial: su vínculo profesional con Álex Saab, hoy identificado como una de las figuras centrales de la corrupción asociada al régimen venezolano. Su firma jurídica asumió la defensa de Saab cuando ya existían señalamientos públicos y procesos en curso, y su cercanía con el empresario se extendió más allá de un episodio aislado. De hecho, el testaferro se refirió al empresario como “un gran abogado y amigo”, generando dudas legítimas sobre la naturaleza y alcance de esa relación.

Otro de los episodios que vuelve recurrentemente al debate es su papel como abogado de David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, uno de los mayores fraudes financieros en la historia reciente del país. Abelardo no solo asumió su defensa, sino que durante un tiempo defendió públicamente el modelo de negocio, antes de apartarse del caso. En el proceso judicial surgieron audios y testimonios que alimentaron cuestionamientos sobre posibles intentos de influencia política, asuntos que el hoy candidato ha buscado minimizar o desestimar.

https://youtu.be/zO2NSShRSOw

Finalmente, y gracias a sus alardes como “gran empresario”, La Silla Vacía decidió investigar si tal afirmación era cierta, publicando el reportaje titulado El universo empresarial De la Espriella: socios cuestionados, saldos en rojo y bienes raíces. En él, realizan un análisis detallado de su entramado empresarial que pone en entredicho la narrativa que el abogado trató de instalar en la que se presenta como un exitoso hombre de negocios. La revisión de decenas de sociedades vinculadas a su nombre revela empresas con resultados financieros negativos, pérdidas sostenidas, socios cuestionados y un fuerte anclaje en el negocio inmobiliario, en contraste con la imagen de solvencia y prosperidad que promueve en el discurso público. Estos antecedentes completan un panorama que explica por qué las investigaciones periodísticas sobre su vida, tanto personal como profesional, generan tanta resistencia.

Este artículo también molestó a su campaña, desde donde se hicieron afirmaciones, sin ninguna fuente confiable para demostrarlo, sobre que el medio digital, por ejemplo, recibe financiación de Open Society Foundations y George Soros, que tiene una relación política con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y que a través del GEA, tiene un vínculo con el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón.

Ante estas acusaciones, La Silla hizo una solicitud pública de rectificación a la campaña de De la Espriella en la que cuestionó esas acciones. El medio pidió que se aclararan o rectificaran estas afirmaciones que atentan directamente contra sus trabajos y su línea editorial.

Ante toda esta situación, cobra mayor importancia la advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la situación en Colombia en la que ha aumentado el uso del sistema judicial como mecanismo de hostigamiento contra periodistas redacciones, evidenciando un patrón de intimidación que busca obstaculizar el periodismo independiente. La SIP menciona casos recientes, entre ellos el de Ana Bejarano, llamando a las autoridades y operadores judiciales a garantizar que la justicia no se utilice para perseguir o amedrentar, y a respetar los estándares internacionales de la libertad de prensa.

Visto lo visto, la figura del tigre que Abelardo intenta encarnar parece perder fuerza cuando aparece la crítica. El candidato, que se presenta como feroz, indomable y dispuesto a librar todas las batallas, responde al periodismo con demandas, advertencias legales y hostigamiento digital sin participar de manera democrática y abierta en el debate frente a los cuestionamientos que recibe. En ese sentido, Abelardo no vendría a ser un tigre, sino más bien un gatito que se esconde en campañas de desprestigio porque no sabe cómo más contestar.

Así, alguien que ruge en campaña pero se esconde ante el escrutinio público, difícilmente puede reclamar autoridad moral para gobernar sin miedo un país que exige transparencia, tolerancia a la crítica y una democracia robusta.