En Bogotá existe un lugar que casi nadie conoce, y no precisamente por errores en la promoción: una clase de utopía tergiversada, donde las personas que se inyectan drogas pueden hacerlo sin morir en el intento. Cuando comencé a buscar información solo encontré titulares de hace un año sobre “la primera Sala de Consumo Supervisado de Suramérica”, llamada Cambie, como si la novedad fuera la simple inauguración. ¿Por qué un proyecto que salva vidas se mantiene lejos del ruido público? ¿Cómo funciona en un país como Colombia?

Un martes al mediodía fui a buscar esas respuestas. En un primer momento estuve en la casa de Échele Cabeza con Daniel Rojas, el coordinador, antes de ir a la sala real de consumo, uno de los proyectos de la organización dedicada desde hace 12 años a crear conciencia sobre el consumo de sustancias psicoactivas y a buscar la reducción de riesgos y daños asociados. Daniel me recomendó dejar el celular. “No quiero que la roben o algo”. Respondí con una especie de risa nerviosa. Según Daniel, sus usuarios han muerto más por violencia que por sobredosis, y muchas veces han dejado de ir a la sala de consumo por temor a las riñas y a la violencia en esa zona de la ciudad, en la localidad de Los Mártires. Caminamos por la estación de TransMilenio Centro Memoria, pasamos por el Parque Tercer Milenio, que todavía tiene algo de El Cartucho, la olla más grande de la ciudad en los noventa, y nos adentramos por el laberinto urbano, cruzamos tiendas y fachadas desgastadas, donde el eco de voces y motores se mezclaba con nuestra conversación. Cuando llegamos hubiera podido pasar derecho si no fuera por el bus de la Secretaría de Salud que estaba enfrente, un vehículo azul que delataba la presencia de algo más. Su fachada, unas rejas blancas sin distintivo, pasa desapercibida. En realidad, no tiene pinta de ser lo que es —un lugar de cuidado—, pero sí tiene una ubicación muy estratégica, para estar cerca de una de las “ollas” de la ciudad, pero no tanto para que haya riesgos, equilibrando accesibilidad con discreción.

La sala CAMBIE, diseñada para reducir sobredosis y enfermedades como VIH y hepatitis C, toma como ejemplo salas en Europa creadas desde los años ochenta, equilibrando salud pública con la realidad urbana. La ausencia de cuidados para los usuarios de drogas inyectables provoca anualmente unas 600.000 muertes por hepatitis C, VIH, sobredosis y lesiones. La Sala proporciona un entorno seguro para consumir drogas inyectables. En Bogotá, el 91 % de los usuarios de la sala usan heroína, el 7 % cocaína y menos del 2 % speedball, una mezcla de ambas. Jeringas esterilizadas, kits de naloxona y monitoreo constante evitan tragedias; si alguien colapsa, el equipo actúa con reanimación cardiopulmonar (RCP) o medicamentos. Educan sobre higiene, riesgos como compartir agujas, y conducen a tratamientos con metadona. No curan la adicción, pero la hacen menos letal. Actualmente registra 87 usuarios, donde el 26 % son migrantes venezolanos. En Bogotá viven 10.478 habitantes de calle, muchos de ellos consumidores problemáticos, lo que resalta la urgencia de estos espacios. Al entrar, el ambiente hospitalario incluye volantes con instrucciones claras e ilustraciones para quienes no saben leer, facilitando un acceso de bajo umbral. Una caneca roja para residuos peligrosos a la entrada de la sala contenía mal contadas unas setenta jeringas usadas. Tres cubículos, al estilo call center, están dispuestos para recibir a los consumidores. Un espejo grande al frente para cuando se van a inyectar en el brazo y un espejo más pequeño para las inyecciones en el cuello o la frente.

Adentro, el mundo se transforma en un remanso inesperado de humanidad. Beatriz García, la enfermera, me saludó con una alegría contagiosa y me dijo: "Llámame Betty". Hay ternura en su sonrisa, en sus batas que parecen sacadas de un consultorio pediátrico, adornadas con figuras coloridas que contrastan con la crudeza del entorno, una contradicción que, sin embargo, lleva al mismo fin: apoyar sin castigar. En una localidad tan dura, rodeada de personas con adicciones problemáticas, donde viven y trabajan el 25 % de los habitantes de calle en Bogotá según las cifras de la Secretaría de Integración Social, llama la atención la vocación de cuidado que se descubre al interior de la sala. Betty también cocina. Le pregunté sobre su relación con los usuarios y me respondió orgullosa de su sazón: “Ya tengo mucha confianza con ellos y vienen mucho los viernes cuando cocino”. Encontré una cercanía, forjada en la confianza mutua, donde el cuidado se vuelve personal y no oficinesco.

Daniel tenía que recibir a los funcionarios de la Secretaría de Salud. “Ay, yo les había dicho a la una, que esperen”, dijo, mostrando cierto desdén en su relación con la institucionalidad. Ya era la una. Me devolví por el celular con Javier, un joven más abierto en sus palabras, que realiza distintas labores. A veces está en la sala, donde prefieren que siempre haya dos personas para mayor seguridad. También es el diseñador del merch —camisetas, gorras y otros productos— para adquirir recursos y mantener el proyecto a flote. Me impactó profundamente que solo cinco personas puedan con todo eso: gestionar emergencias, cocinar, diseñar y cuidar.

Los otros dos miembros del equipo son los pares: trabajadores que conocen la adicción desde adentro, no desde los libros. Es decir, consumieron o consumen drogas inyectables y regresan al mismo territorio para acompañar a quienes aún lo hacen. Viven en esta dualidad —con la adicción mientras se ayuda a otros— y es precisamente esa frontera la que los convierte en el puente más eficaz hacia las poblaciones más invisibles, sin exponerlas a riesgos innecesarios. En este equipo compacto, el anonimato no es solo una política; es una herramienta en un mundo que juzga antes de entender. Por eso, el anonimato no es un capricho, es un escudo.

“Pueden hablar del centro de Bogotá, de la localidad, pero no se puede decir ni la dirección exacta ni dónde está ubicado”, nos dice Daniel. “No nos interesa que esto lo sepa toda la gente. Está dirigido a una población clave. Promocionarlo puede ser una acción con daño”.

Para esto, los pares son esenciales. Ellos pasan la voz que circula por el territorio, esa cadena discreta que conecta a los usuarios sin hacer ruido: uno le cuenta al otro y ese otro a otro más. Es un mapa que no aparece en ninguna nota de prensa, pero que sostiene la existencia de la sala. Cuando dicen que ya hay “recordación”, no hablan de publicidad; hablan de confianza.

Una de las grandes falencias del proyecto es la reacción de las ambulancias cuando se trata de sobredosis. Cuando se atienden dichos casos y se menciona que la llamada de emergencia es por una sobredosis, la mayoría de las veces no llegan, y no por lejanía ni por otros casos más urgentes. Es impactante que las urgencias de vida se decidan según valores morales. Gracias a este proyecto que suministra Naloxona (medicamento que revierte la posibilidad de una muerte por sobredosis de opioides) a sus usuarios, se han salvado vidas. Catorce sobredosis revertidas en sus dos años y medio de funcionamiento.

“La abstinencia de opioides produce un dolor que no se parece a nada. Ni siquiera una fractura se compara. Es un dolor generalizado, porque los opioides apagan toda la vía del dolor en el cerebro. Cuando el cuerpo deja de recibirlos, esa vía se enciende de golpe y empieza a doler absolutamente todo, desde la debilidad hasta los calambres que no te dejan mover”, comenta Daniel.

La adicción va más allá de la voluntad: es un problema de salud. Pero el Estado falla en cerrar este ciclo vicioso. La metadona, el "antídoto" que calma esos dolores de abstinencia, casi nunca está disponible en Colombia. Y cuando lo está, los médicos no recetan la dosis necesaria, lo que lleva a los usuarios a consumir metadona y heroína juntas, aumentando el riesgo de sobredosis. Mientras hablábamos, Javier tocó justo ese punto: es increíble que Colombia sea líder mundial en producción de drogas como la cocaína, abastezca sin problemas su demanda de heroína y tenga calidad probada en las drogas ilícitas —tanto que casi no hay problemas con sustancias adulteradas—, pero el Estado no produzca este medicamento para aliviar la crisis. Los narcotraficantes no van a hacerlo; esa responsabilidad recae en el gobierno que ignora el problema como si fuera solo un delito, no un problema de salud pública.

Al final, la poca atención del Estado convierte la adicción en un círculo interminable. Debería tratarse con humanidad, no con castigo. Eso es exactamente lo que hace la sala. “DONDE HAYA VENA”, me respondió Daniel a la pregunta de los puntos del cuerpo donde los consumidores se inyectan, una frase que resume la realidad inevitable del consumo. Si no se hace en un lugar con protocolos y salubridad, va a ser en la calle, porque es donde haya. Aquí hay entonces una utopía más allá de la moral, el reproche social y el castigo penal. En un país que criminaliza en lugar de cuidar, esta sala rompe el ciclo: salva vidas con Naloxona, ofrece apoyo donde el Estado falla y demuestra que la adicción se vence con humanidad, no con indiferencia. Sin ella, el dolor sigue fluyendo en las venas de Bogotá. Es un recordatorio de que, en la guerra contra las drogas, el cuidado puede ser el arma más poderosa.