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Immunitas mortífera

Foto: Comité Internacional de la Cruz Roja
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Natalia Andrea Cardona

Universidad Pontificia Bolivariana

En los corredores de la cárcel El Pedregal de Medellín no sólo se encuentran encerradas mentes y almas desdibujadas en pabellones, sino que se encapsula una verdad que las sociedades modernas prefieren no ver: la vida que no merece ser cuidada. Las denuncias recientes por abuso sexual institucional, uso excesivo de la fuerza, aborto forzado y omisión estatal sistemática no son hechos aislados; son síntomas de una enfermedad más profunda: la inmunología política de nuestro tiempo.


La sociedad inmunitaria, a diferencia de lo que se convence superficialmente de la teoría, no es aquella que protege a todos sus miembros, sino la que decide quién debe ser protegido y quién puede ser sacrificado en nombre de la seguridad colectiva. En esa lógica perversa, las mujeres privadas de la libertad no son ciudadanas con derechos, sino cuerpos neutralizados, sospechosos por definición, inmunizados de toda empatía y, según parece, de todo derecho.


El cuerpo de Andrea Esperanza Valdez, ultrajado por quienes debían custodiarla, pareciera en este contexto, de forma grotesca, fungir de metáfora radical del fracaso inmunitario. Su embarazo forzado y posterior aborto encubierto, más allá de sólo “violaciones físicas”, son inscripciones violentas de un poder que ya no necesita justificarse, porque opera bajo el manto de la seguridad, del castigo, del encierro. ¿Cómo no leer allí la immunitas como reverso oscuro de la communitas? Para que la comunidad se sienta segura, debe excluir, quitar la voz, la carne, la dignidad a ciertos cuerpos: los criminalizados, los marginales, los que cruzan la línea de lo aceptable. Toda civilización es una construcción arquitectónica de protección frente al caos, pero ¿qué ocurre cuando estas construcciones se vuelven cárceles reales? En este caso el penal El Pedregal, pensado como un espacio de reeducación o contención, se convierte en una zona de excepción, donde el Estado suspende su deber de garantizar derechos y legitima una forma de violencia "legalizada". Es el retorno de la barbarie bajo estructuras administrativas.


Lo verdaderamente inquietante es que estas denuncias no causan escándalo estructural. Fútilmente quedan en investigaciones internas, tímidas solicitudes de información y traslados burocráticos. En la sociedad inmunitaria, el cuerpo dañado no conmueve, se vuelve parte del paisaje, una cifra más en los informes de la Procuraduría, de logros de la Defensoría; ha llegado a meterse la Registraduría y, por si fuera poco, la institución más inmunizada: la alcaldía municipal. Las instituciones actúan como un sistema inmunológico que reacciona no para sanar, sino para contener la inflamación social y mantener el status quo. Hay en esto, por ende, una profunda despolitización del dolor, yo diría que hasta deshumanización. Lo que debería generar indignación colectiva se convierte en un expediente; lo que debería movilizar solidaridad, se vuelve excepción. Las mujeres de El Pedregal son entonces el punto ciego de la democracia inmunitaria, están dentro del sistema pero fuera de la protección, son ciudadanas, pero sin comunidad, son víctimas pero no portavoces.


Frente a esto, la pregunta no es sólo jurídica, ni siquiera moral, es ontológica: ¿cuáles vidas cuentan como vivibles? ¿Qué cuerpos merecen protección? Mientras el Estado diseñe su seguridad a partir de la exclusión, mientras la inmunidad se compre al precio de la deshumanización de algunos, seguiremos repitiendo el ciclo. El cuerpo de Andrea, y de tantas otras mujeres anónimas entre los muros de El Pedregal, no deben ser reducidos a evidencia judicial. Es un testimonio real del límite de nuestra humanidad, que inevitablemente expresa el fracaso de una sociedad que ha confundido el cuidado con la expulsión, pero sobre todo la inmunidad con el olvido.



Bibliografía

ISSN: 3028-385X

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