Durante semanas me pregunté por qué una universidad pública tiene que llegar al límite del paro, del cierre y del desgaste colectivo para que el Estado reaccione. La respuesta no es cómoda, pero es evidente: porque la educación superior dejó de verse como un proyecto académico y pasó a entenderse como un botín político.

El reciente caso de la Universidad del Atlántico no es una anécdota aislada. La elección de un rector con un perfil más cercano a la política tradicional que a la vida académica encendió las alarmas de la comunidad universitaria. No solo por su trayectoria como exconcejal y su cercanía a los grupos políticos que hoy gobiernan el departamento, sino por las inconsistencias en su hoja de vida, incluyendo afirmaciones sobre vínculos académicos que fueron públicamente desmentidas por instituciones como la Universidad de Salamanca y la Corporación Americana.

Más allá de los nombres propios, lo verdaderamente preocupante es el modelo que permite que esto ocurra. Las universidades públicas manejan uno de los presupuestos más altos a nivel departamental, solo superado por sectores como salud. Eso las convierte en espacios estratégicos de poder: contratos, cargos, influencia política y control institucional. En ese contexto, la figura del rector deja de ser la de un académico que lidera un proyecto educativo y se transforma en la de un administrador del poder.

La reacción de la comunidad universitaria fue contundente. Estudiantes, trabajadores y empleados sindicalizados sostuvieron un paro y un cese de actividades durante cerca de dos meses. No fue una protesta espontánea ni caprichosa: fue una acción colectiva prolongada, costosa y desgastante, que reflejaba una crisis profunda de legitimidad. Solo entonces el Ministerio de Educación decidió apartar al rector de su cargo y designar un rector encargado.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿por qué tuvo que paralizarse la universidad para que el Estado actuara? ¿Por qué las advertencias académicas, éticas e institucionales no fueron suficientes desde el inicio?

La politización de la educación superior no es nueva, pero sí cada vez más descarada. Las universidades públicas se disputan como cuotas dentro de proyectos regionales, mientras la excelencia académica, la investigación y la autonomía universitaria quedan en segundo plano. Se habla de calidad, pero se gobierna con lógica clientelista. Se defiende la autonomía, pero se captura la institución desde afuera.

Una universidad pública no puede funcionar como premio electoral ni como extensión de un proyecto político regional. Cuando eso ocurre, quienes pierden no son solo los estudiantes que ven interrumpidas sus clases, sino la sociedad entera, que depende de estas instituciones para formar pensamiento crítico, producir conocimiento y garantizar movilidad social.

Defender la universidad pública no es defender personas ni banderas partidistas. Es defender la idea de que la educación superior debe estar guiada por criterios académicos, éticos y sociales, no por la lógica del poder. Si para recordar eso necesitamos parar universidades enteras, el problema no es la protesta: el problema es el sistema que la hace inevitable.