El pasado 21 de enero el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó por medio de sus redes sociales que impondría un arancel del 30 % a todos los productos provenientes de Colombia con la justificación de que no se han realizado esfuerzos suficientes en cuestiones de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana.

Este hecho sin precedentes es algo que no se entiende desde el ámbito económico, ya que el país ecuatoriano tiene un déficit de exportación cercano a los 1.000 millones de dólares. Es decir que, desde la práctica, aunque se cumplan sus exigencias y gane el pulso de la “guerra económica”, perdería.

Esta decisión tomada unilateralmente por el jefe del Estado ecuatoriano es imposible de descifrar si no se tiene claro el momento en que el fallo fue emitido: Davos, Suiza. Pero, ¿qué tiene que ver una ciudad europea con las decisiones que se tomen entre naciones latinoamericanas? Para entender esta pregunta es necesario hacer dos cosas: una línea de tiempo de los hechos bajo una mirada política y un entendimiento de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos.

La historia de la reciente disputa entre los países andinos ha transcurrido según los parámetros de los tiempos modernos. El 20 de enero, el presidente colombiano Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una petición para la liberación del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien fue condenado por corrupción. En el trino, el presidente Petro comparó al exfuncionario con los presos políticos de Venezuela y Nicaragua.

“Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe ser liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”, publicó el mandatario colombiano en su red social junto con una imagen del exvicepresidente.

A lo que el jefe de Estado ecuatoriano respondió afirmando que las fuerzas militares de ese país “están enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera”, esto sin que haya una “cooperación” o reciprocidad por parte de las fuerzas colombianas. Todo esto escrito mientras se encontraba en el foro económico de Davos, Suiza.

Posteriormente, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó que existe un déficit comercial con Colombia cercano a los 1.000 millones de dólares anuales, y anunció que “el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

El pulso económico continuó con una medida equivalente por parte del gobierno colombiano, quien publicó casi de manera inmediata el anuncio de que impondría un arancel de igual valor a las importaciones ecuatorianas; además de añadir un golpe aún más duro, pues el presidente Gustavo Petro ordenó que se suspendiera la venta de energía eléctrica al país vecino.

Esto encendió las alarmas del Ministerio de Ambiente y Energía del Ecuador, ya que recordaría los grandes apagones que se dieron a finales del año pasado por la escasez de suministro energético luego de que el Estado colombiano no pudiera suministrársela por sequía en territorio nacional. Lo que en la práctica significa que el Estado ecuatoriano no puede abastecer el suministro energético del país. En respuesta el gobierno del Ecuador tomó la decisión de imponer una tarifa de sobrecoste del 900 % al transporte de energía que proviniera de Colombia .

Pero entonces, si el presidente Noboa sabe que necesita a su vecino para abastecerse energéticamente, y que pierde más su país con esta guerra comercial, ¿por qué lo hace? La respuesta nos traslada nuevamente a Davos.

Poco antes de que el presidente Daniel Noboa publicara en su cuenta de X la decisión de imponer aranceles a Colombia, se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien es uno de los principales autores de la Doctrina de Seguridad Nacional de la potencia americana, lo que se interpreta como una injerencia estadounidense personificada por Rubio en la decisión de Noboa.

Esto se ve aún más claro en el formato en el que se hizo el pronunciamiento, la típica receta del presidente Donald Trump: anunciar la imposición de aranceles con una fecha futura cercana con el objetivo de abrir una ventana de presión a una negociación que beneficie al país emisor de los aranceles.

Entonces el análisis se dirige hacía por qué ahora y por qué no antes. ¿Por qué los Estados Unidos están utilizando a los ecuatorianos para presionar a Colombia? La respuesta es la necesidad de hacerle un bloqueo diplomático al presidente colombiano Gustavo Petro en un momento crucial: las próximas elecciones presidenciales y legislativas en Colombia.

El bloqueo diplomático se hace cada vez más evidente viendo como los diversos países de la región han ido acercándose al área de influencia de la potencia norteamericana. La reciente victoria de José Antonio Kast en Chile, la continua lambonería de Javier Milei en Argentina y hasta el evidente temor por parte del régimen chavista en Venezuela, muestran de manera sencilla como el presidente Petro se está quedando cada vez más solo en una región que ha sido catalogada por los Estados Unidos en su más reciente publicación de su política de seguridad nacional como una región a recuperar de la influencia extranjera.

El gobierno colombiano se encuentra en un problema internacional bastante complejo. Por una parte, el actual mandatario ha tenido fuertes encontrones con el presidente estadounidense, quien es un bully profesional; mientras que su apoyo regional se ve cada vez más menguado. Y, por otro lado, la diplomacia colombiana se encuentra en estos momentos en una situación deplorable, con una canciller sin visa que no habla inglés y unos funcionarios mediocres que no son más que cuotas políticas.

Tal vez haya que recordarles a los encargados de las relaciones internacionales del país cómo funciona el mundo. En las relaciones internacionales no existen las ideologías, solamente los intereses.