El caso venezolano no admite lecturas simples ni morales absolutas. En política no existen blancos y negros; rara vez es posible distinguir, con nitidez, una escala de grises plenamente ordenada. Lo ocurrido recientemente en Venezuela es complejo de juzgar e imposible de dicotomizar. Nos enfrentamos, entonces, a una pregunta incómoda: ¿cómo evaluar una intervención externa en un contexto de colapso interno?

Con ese objetivo, este texto pone en discusión conceptos y definiciones clave para abordar el caso con la mayor precisión posible y, con ello, abrir un espacio de deliberación informado.

Soberanía

En términos estrictos, una intervención de Estados Unidos en Venezuela vulnera el derecho internacional y el marco normativo de las Naciones Unidas orientado a garantizar la libre determinación de los pueblos. Aquí aparece la noción de soberanía clásica: la protección del Estado frente a injerencias externas.

Sin embargo, la soberanía comienza a perder sentido cuando el propio Estado no garantiza derechos y libertades básicas. No es un secreto que la población venezolana ha padecido abusos sistemáticos de poder, corrupción estructural y restricciones severas a derechos civiles y políticos.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿debe respetarse la soberanía de un régimen que no respeta la soberanía de su propio pueblo?

El criterio del bienestar y la dignidad

La política internacional se mueve por criterios. Para autores como Hans Morgenthau, el criterio central es el poder; para los liberal-institucionalistas, las normas y el derecho. Lo cierto es que todo Estado y todo liderazgo actúan a partir de algún principio rector.

En este análisis, sostengo que el bienestar de la ciudadanía debería orientar las acciones geopolíticas con mayor peso que los intereses estratégicos calculados por cada hegemón.

Ese bienestar está estrechamente vinculado a la libertad, entendida no como mera ausencia de coerción, una concepción mínima, sino como la posibilidad efectiva de vivir dignamente, de perseguir proyectos de vida, de elegir. Libertad como dignidad material y política.

Aquí resulta pertinente traer a Amartya Sen, quien en Development as Freedom define la libertad como el conjunto de capacidades reales (capabilities) que poseen las personas para elegir y realizar formas de vida que consideran valiosas, más allá de la existencia formal de derechos o recursos.

Desde esta perspectiva, cuando los derechos se declaran pero no se viven, cuando la ciudadanía experimenta el sufrimiento cotidiano como horizonte normalizado, la política fracasa. El éxodo de más de siete millones de venezolanos no es una opinión ni una construcción retórica: es la evidencia empírica de un quiebre profundo y sostenido.

¿Quién debe actuar y cómo?

Si existe claridad sobre la naturaleza de la crisis venezolana, surge una cuestión decisiva: ¿qué debe hacerse, cómo y por quién?

Idealmente, cualquier acción debería ser multilateral y contar con respaldo consensuado. Organismos como la ONU o la OEA tendrían, en principio, la legitimidad para impulsar una respuesta orientada a poner fin a la situación. El problema del unilateralismo es claro: responde a intereses propios, erosiona la legitimidad de la intervención y aumenta el riesgo de escalamiento.

En este punto conviene subrayar que una eventual intervención impulsada por la administración estadounidense no responde a un imperativo moral de rescate humanitario, sino a intereses económicos y estratégicos. La pregunta es inevitable: ¿por qué Estados Unidos no actúa con la misma contundencia frente a otros regímenes con crisis similares? ¿Por qué mantiene alianzas con Estados donde también se vulneran derechos y se restringe la libertad de expresión?

Dos factores resultan evidentes: Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y se encuentra dentro del mismo hemisferio. La geopolítica, una vez más, impone sus jerarquías.

La realidad de la ONU

El principal organismo multilateral enfrenta limitaciones estructurales severas. Aunque está diseñado para la acción colectiva, sus reglas lo vuelven lento y profundamente asimétrico. El poder de veto de las grandes potencias permite bloquear decisiones incluso cuando existe una mayoría favorable.

En el caso venezolano, Rusia y China respaldan al régimen, mientras que Estados Unidos y sus aliados lo cuestionan. La consecuencia es una ONU paralizada, reacia a tomar partido por temor a ser leída como un actor alineado geopolíticamente.

El resultado práctico es la inacción frente a una crisis prolongada. Si bien esta parálisis puede evitar una escalada global, también puede interpretarse como una forma de complicidad pasiva: quienes tienen la capacidad de actuar no lo hacen, mientras millones continúan padeciendo las consecuencias.

¿Una salida regional?

En un escenario hipotético, podría pensarse en una respuesta liderada por América Latina. Sin embargo, esta alternativa enfrenta límites materiales evidentes: los Estados de la región carecen de capacidad militar conjunta y de peso diplomático suficiente para una intervención efectiva.

La solución regional resulta normativamente atractiva, pero materialmente inviable en el corto plazo. Esta debilidad refuerza la dependencia de potencias externas y deja al descubierto una tarea pendiente: construir una diplomacia regional robusta, capaz de gestionar crisis de esta magnitud sin delegarlas a actores extrahemisféricos.

El interregno como marco interpretativo

Venezuela no atraviesa una transición clara. Vive un interregno prolongado: el viejo orden ya no funciona, y las elecciones fraudulentas de 2024 lo evidenciaron, pero el nuevo aún no emerge. La voluntad popular expresó con claridad su rechazo al régimen de Maduro.

Algo debía hacerse. Pero no debía hacerlo Trump, ni bajo la lógica del superhéroe norteamericano.

El eventual nuevo orden que se perfila no representa un rescate limpio para Venezuela. Más bien, pone en tensión los límites del orden internacional vigente y expone la fragilidad, ya no disimulada, del multilateralismo.

Cierre abierto

No existe una solución inmediata ni moralmente pura.

La intervención puede ser moralmente comprensible y políticamente peligrosa. La inacción puede ser institucionalmente explicable y humanamente insuficiente. El dilema permanece abierto:

¿Cómo proteger la dignidad sin destruir el orden que pretende garantizarla?