Las elecciones presidenciales de 2026 no se desarrollan en un clima de esperanza, sino de hartazgo. Colombia no está debatiendo proyectos de país, sino administrando su frustración. Y cuando una democracia entra en esa fase, el riesgo no es solo elegir mal, sino normalizar lo inaceptable.

Las encuestas, más que mostrar favoritos, evidencian un problema estructural: una mayoría de ciudadanos no confía en nadie. La izquierda llega golpeada por un gobierno que prometió transformaciones profundas y entregó resultados desiguales; el centro sobrevive como un discurso tibio que no incomoda a nadie y por eso tampoco entusiasma; y la derecha, incapaz de renovarse, ha optado en parte por el atajo del grito, el miedo y la confrontación.

Este vacío ha sido aprovechado por candidatos que no ofrecen un programa serio, sino una narrativa emocional. Figuras que no construyen propuestas, sino enemigos. Que no explican cómo gobernarían, pero sí a quién castigarían. En ese escenario aparece Abelardo de la Espriella, cuyo ascenso no se explica por su solvencia política, sino por su habilidad para convertir el enojo social en capital electoral. Ya lo advertí en mi columna “De la Espriella no ama al pueblo: lo usa”, publicada en este mismo medio: su discurso no empodera al pueblo, lo instrumentaliza.

Pero sería cómodo y falso convertirlo en el único villano de esta historia. De la Espriella no surge en el vacío. Surge porque el resto del sistema político fracasó. Porque durante años los partidos prometieron reformas que nunca llegaron, combatieron la corrupción solo en campaña y gobernaron de espaldas a la gente. Hoy recogen lo que sembraron.

La campaña de 2026 confirma una tendencia peligrosa, se castiga al que explica y se premia al que simplifica. Se desconfía del técnico y se aplaude al incendiario. Se exige autoridad, aunque venga sin límites. En nombre del “orden”, se empiezan a tolerar discursos que desprecian el pluralismo, la crítica y el disenso. Eso no es carácter político; es retroceso democrático.

Todos los candidatos, sin excepción, están en deuda con el país. La izquierda debe responder por lo que no cumplió. El centro debe explicar por qué insiste en la indefinición como identidad política. La derecha debe decidir si quiere gobernar una democracia o capitalizar su agotamiento. Y los outsiders deben dejar de actuar como si gobernar fuera lo mismo que indignar desde una tarima.

Las elecciones de 2026 no definirán solo un presidente. Definirán si Colombia elige enfrentar su crisis con más democracia o con menos. Si opta por la complejidad de las soluciones reales o por la comodidad de los culpables fáciles. Si el voto será un acto de responsabilidad o una descarga de rabia.

Porque cuando el pueblo es usado como eslogan y no como sujeto político, no gana el cambio, gana el engaño. Y esa factura, como siempre, la termina pagando el país entero.