La historia política de Colombia suele escribirse en los márgenes de sus crisis. Sin embargo, el periodo que se inaugura en agosto de 2026 concentra una densidad de desafíos que desborda la retórica tradicional. No se trata de un simple relevo de insignias, sino de una verdadera prueba de carga para la arquitectura del Estado.

Los primeros 100 días de la próxima administración deben entenderse como un periodo de reanimación institucional. Históricamente, este lapso funciona como una “luna de miel” en la que el capital político del Ejecutivo alcanza su punto más alto, habilitando decisiones que luego serían políticamente inviables. En ese corto margen, el Gobierno deberá gestionar una herencia de seguridad fragmentada y unas finanzas públicas al límite, mientras construye una narrativa de estabilidad capaz de frenar la deriva de la política hacia formas pasionales e ineficaces.

La urgencia es proyectar certidumbre en un entorno donde el índice de incertidumbre económica ha alcanzado picos históricos de 299 puntos. El éxito de este centenario inicial definirá la viabilidad de un cuatrienio que nace bajo la sombra de un déficit fiscal del 7,5 % del PIB y la presencia de más de 27.000 combatientes armados al margen de la ley.

La prioridad absoluta debe ser recuperar el monopolio legítimo de la fuerza. Hoy el Estado actúa de manera reactiva frente a 27.121 combatientes ilegales. La primera acción concreta tiene que ser la radicación de un Plan de Choque de Control Territorial, focalizado en los 172 municipios críticos donde convergen economías ilícitas y precariedad institucional. Este esfuerzo debe acompañarse de un Proyecto de Ley de Modernización de la Defensa que priorice la adquisición de capacidades de guerra electrónica para neutralizar drones operados por fibra óptica, una tecnología que ya ha dejado obsoletos nuestros sistemas convencionales. La seguridad no puede ser un apéndice de la voluntad de diálogo, debe ser una política de Estado que proteja la vida cotidiana, no una paz electorera.

En el frente económico, el margen de maniobra es asfixiante. Con un déficit del 7,5 % del PIB, el Ejecutivo debe decretar de inmediato un ajuste fiscal equivalente a tres puntos del producto para estabilizar las cuentas nacionales. Esto exige una austeridad real: suspender la creación de los 442 nuevos cargos estatales proyectados, cuyo costo de nómina supera los 59.000 millones de pesos anuales. Paralelamente, la agenda legislativa debe incluir una Reforma Tributaria de Competitividad que reduzca la tarifa del impuesto de renta empresarial del 35 % al 30 %, o incluso al 25 %, para reactivar una inversión fija que hoy permanece por debajo de los niveles prepandemia.

El sistema de salud también exige un pare técnico. La primera decisión administrativa debe ser la implementación estricta del Auto 2049 de 2025, que ordena recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con criterios actuariales y no discrecionales, frenando una desfinanciación que ya se traduce en más de 300.000 tutelas. A esto debe sumarse la instalación de una Mesa Técnica de Saneamiento, con peritos independientes, para auditar y certificar una deuda cercana a los 30 billones de pesos que asfixia a las IPS, garantizando un flujo de recursos que no dependa de la burocratización de la ADRES.

En el ámbito laboral, el Gobierno debe anticiparse al 15 de julio de 2026, cuando la jornada laboral se reducirá a 42 horas semanales. Sin un Pacto Nacional por la Productividad que alivie los aportes parafiscales de quienes mantengan el empleo formal, el costo total de un salario mínimo, estimado en 2.820.151 pesos mensuales para el empleador, profundizará la informalidad. En materia pensional, la urgencia es ofrecer certidumbre frente al limbo jurídico de la Ley 2381, protegiendo el ahorro de los jóvenes ante el incremento del costo del seguro previsional.

Los primeros 100 días serán el verdadero termómetro de nuestra madurez democrática y de nuestra capacidad para sostener un proyecto de Nación. El país no demanda líderes que ladren en redes sociales, sino estadistas capaces de gestionar con rigor las grietas del Estado. Este no es un momento para el ruido, es el momento de la institucionalidad y de la técnica.