Navegando en el controvertido X me he encontrado con distintos trinos haciendo mención del nuevo llamado a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Al entrar en mayor detalle, me llama la atención que uno de los objetivos de esta constituyente sea “ponerle fin a los jueces y magistrados corruptos de las altas cortes”, esto por medio de la iniciativa del voto popular para elegir a los fiscales y procuradores, y con esto reducir la concentración del poder de escogencia actualmente ejercida por dichas autoridades.

Inicialmente, puede sonar como una propuesta asertiva para nuestra situación actual, puesto que desde hace tiempo se viene cuestionando, por ejemplo, el papel de la Procuraduría en el ejercicio de las medidas disciplinarias relacionadas con las controversias de los funcionarios públicos, en donde un número significativo de procesos termina en la impunidad, ya sea por prescripción o por actuaciones difícilmente justificables. Igualmente, se evidencia la nula rendición de cuentas que tiene este ente administrativo. Sin embargo, es apropiado advertir que esta iniciativa es problemática y que sus implicaciones trascienden la aparente solución, pues podría resultar contraria a los principios de independencia, técnica y equilibrio de poderes que estructuran el sistema judicial.

Me parece idóneo en primer lugar señalar que, al menos en nuestro país, gracias a la extrema bipolarización política, el voto es un acto netamente condicionado, en donde el alineamiento político se reduce a una lógica de inclusión o exclusión. En ese orden de ideas, si elegimos a nuestros jueces, fiscales o al procurador mediante el voto, estos necesitarían realizar una respectiva campaña política, lo cual implicaría que distintos partidos podrían financiarlas con intereses de obtener algo a cambio del candidato o con el objetivo de introducir sus influencias ideológicas en la rama del poder judicial por medio del mismo.

De este planteamiento surge la siguiente pregunta: ¿Cómo podría garantizarse la imparcialidad cuando, según la reforma, el acceso a estos cargos dependería de dinámicas electorales? Esta forma de escogencia no sería conveniente a la hora de realizar los distintos controles constitucionales y judiciales a los actos administrativos, o como mencionaba anteriormente, realizar las gestiones disciplinarias a los distintos funcionarios públicos si se diera el caso, ya que justamente sus decisiones estarían influenciadas, comprometiendo esta objetividad requerida.

En esta misma línea, resulta incoherente que los funcionarios mencionados sean elegidos de este modo, ya que recordemos que esta rama del poder tiene como fundamento el principio contramayoritario, lo que significa que, para operar correctamente, se deben aplicar las normas independientemente de las ideologías que posea el aspirante al cargo, e incluso, la mayoría de la ciudadanía. Por esta razón, deberían ser elegidos no por lo que ellos estimen apropiado, ya que los pilares judiciales se encuentran establecidos, y sí por su experiencia profesional y por los conocimientos que tengan acerca de la norma.

Ahora, si los funcionarios debieran de elegirse por sus conocimientos, el sufragio universal no sería la forma correcta de que estos sean seleccionados, porque esto supone que la ciudadanía está familiarizada con los elementos para evaluar funciones demasiado especializadas como es la aplicación del derecho y los conceptos tan complejos que acarrea la justicia. ¿Cómo se podría esperar que el ciudadano promedio vote cuando no está informado sobre la complejidad del ejercicio judicial? Lo único que se lograría es que ningún candidato electo logre un respaldo popular significativo por el escepticismo ciudadano.

Considero que la elección de jueces, fiscales, el procurador y demás servidores a los que hace mención esta reforma, debería continuar realizándose por las correspondientes corporaciones que prevé nuestra constitución política, para que así se establezcan consensos calificados y se sigan basando en el mérito. Para concluir, a pesar de que el voto popular garantiza la legitimidad democrática formal, no resuelve los riesgos asociados con la politización; en cambio, un sistema basado en este tipo de selección colegiada, acompañado de procesos disciplinarios, medidas rigurosas para los requisitos de carrera y transparencia en la gestión, permitiría supervisar de manera efectiva a todos estos servidores, fortaleciendo la confianza en la administración de justicia y asegurando la rendición de cuentas para que todos como Estado podamos evitar y combatir estos abusos de poder presentes en nuestra actualidad.