​El Catatumbo es una región colombiana mayormente ubicada en el departamento de Norte de Santander, que hace parte de la frontera con Venezuela; su nombre viene dado por el río que lo atraviesa y significa “casa del trueno” en la lengua de los Barí, un pueblo indígena que habita esas tierras. Actualmente, y desde hace mucho tiempo, los truenos a los que hace referencia su significado ciertamente pueden confundirse con las balas de las guerrillas que lo azotan. 

 

A mediados del mes de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a cometer hostilidades unos a otros y, como siempre sucede en la guerra, la principal víctima ha sido la población civil. La Gobernación de Norte de Santander estima que, para el 28 de enero, esta nueva guerra (hay que mencionar que antes dichas guerrillas convivían en la región) ha dejado 50.949 desplazados, 28.549 personas confinadas, 50 civiles muertos, 14 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 desaparecidos, entre otros datos que dan cuenta de la crueldad y crudeza del conflicto.  

 

El Presidente de la República, que tiene a su cargo la conservación del orden público y su restablecimiento donde este se turbe y dirigir las operaciones de guerra, declaró el estado de excepción de conmoción interior a través del Decreto 0062 de 24 de enero de 2025. A raíz de esta declaratoria, el poder ejecutivo podrá restringir la circulación de personas y medios, intervenir para asegurar el abastecimiento de productos, crear delitos y modificar el proceso penal, suspender alcaldes y gobernadores, crear tributos, modificar el presupuesto, entre otras facultades, durante 90 días que pueden prorrogarse hasta dos veces. Claro está que estas medidas son transitorias y están limitadas a la región sobre la que se declare la conmoción interior y siempre que no haya otro modo de solucionar la crisis. 

 

Ahora bien, cabe preguntarse qué significa verdaderamente un estado de excepción, pues se trata de una de las herramientas más complejas de entender, incluso para abogados que se precian de conocer la Constitución. Dicho eso, la forma más sencilla de entenderlo es acudiendo a la literalidad de la expresión. Aquí, vamos a entender estado, no como el concepto de organización de la burocracia del país, sino como lo define la primera acepción del diccionario de la RAE: “situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar.”; mientras que por excepción entendemos aquello que está por fuera de la regla.  Es decir, que estamos hablando de una situación, en estos casos catastrófica, que amerita que hagamos de lado las reglas con las que nos regimos. Específicamente, la separación de poderes, porque las facultades más llamativas en un estado de excepción son aquellas que normalmente pertenecen al poder legislativo. 

 

De esta forma de ver la figura surge una conclusión obvia, pero que pasa desapercibida a la vista: un estado de excepción constitucional habría que usarse cuando pasa algo excepcional, que pasó sin que pudiera pensarse. De hecho, el actual presidente tuvo un problema por ese detalle con otro estado de excepción de conmoción interior, cuando intentó usar ese medio para resolver el problema del agua en La Guajira, pues en su momento la Corte Constitucional (que siempre controla el decreto que declara el estado de excepción, así como los demás que surjan de este) le señaló que ese problema era estructural y que, por tanto, no era el modo correcto.

Con base en esto, es necesario que uno deba parar un momento y preguntarse: ¿es que acaso el problema del Catatumbo no es estructural? ¿Verdaderamente se requieren más poderes que los ordinarios? ¿Qué puede hacer el presidente en 90, 180 o 270 días que no haya sido posible hacer en décadas? Claro está que estas preguntas no son formuladas como crítica, sino como reflexión. Evidentemente algo urgente hay que hacer para detener la barbarie. La actual escalada del conflicto es de cierta manera producto del abandono estatal sistemático y de la desidia con la cual los gobiernos han abordado el tema. Sin embargo, lo más probable es que en algún punto las guerrillas mermen su violencia, pues está escrito que todo pasará y esto también lo hará. Pero habrá que pensar entonces que en el Catatumbo la excepción se ha vuelto regla.

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* Integrante del Semillero AGERE de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario